Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberán fijar doctrina sobre quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la doctrina de la sentencia por la que el pasado jueves una sección de esta Sala acordó que sean los bancos los que asuman el tributo.

Al término de la reunión celebrada este lunes entre el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, los integrantes de la citada sección y el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez Picazo, el primero ha emitido una nota en la que afirma que todos ellos “han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al alto tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.

También explica que la avocación a Pleno del primero de los recursos que aún están pendientes sobre este asunto forma parte de las atribuciones del presidente Díez Picazo “siempre que lo estime necesario para la administración de justicia”, sin perjuicio de las facultades de los 31 magistrados que lo integran “para resolver lo que en derecho proceda”.

La banca prosigue con la firma de hipotecas con normalidad

Los principales bancos prosiguen con la firma de hipotecas con total normalidad, de forma que, en tanto el Tribunal Supremo fije un criterio definitivo, continuarán aplicando el establecido antes de que se hiciera pública la polémica sentencia del pasado jueves.

A pesar de eso, la pestaña de hipotecas de las páginas webs de entidades como BBVA, Banco Santander o Bankia continúan inactivas, ya que no saben muy bien qué información ofrecer al cliente, la firma de hipotecas mantiene la operativa con normalidad.

De esta forma, en la mayoría de casos firmados durante estos días de incertidumbre, será el cliente el que asumirá el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria, mientras que en otros se establecerá en la provisión de gastos hipotecarios a la espera de una aclaración del alto tribunal.

Así, en caso de que finalmente el Supremo se reafirme en su sentencia del jueves, los bancos deberán devolver el impuesto y cambiar su operativa, lo que posiblemente podría llevar a un encarecimiento de las hipotecas. La gran banca ya había comenzado a revisar su política de precios en la comercialización de hipotecas como anticipo al posible escenario en el que es a las entidades financieras a las que les corresponde pagar dicho gravamen.

Los notarios comprueban que los usuarios que firman hipotecas estén informados

Los notarios están informando a los usuarios que acuden a firmar una hipoteca sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo determinando que es el banco quien debe pagar el impuesto sobre las hipotecas y no el cliente y el posterior anuncio de que un Pleno revisará dicha decisión debido a su “enorme repercusión económica y social”.

Las personas que contratan una hipoteca acuerdan sus condiciones con el banco, en las que podría figurar que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados lo pagará quien la Ley determine que es el sujeto pasivo o que será el banco quien lo abone por mutuo acuerdo.

Una vez acuden a firmar las escrituras, los notarios están informando desde el jueves a las partes sobre las últimas novedades en torno a este impuesto para asegurarse de que el contrato se ha elaborado conforme a la Ley y que las partes son conscientes de lo que firman y las posibles implicaciones de la próxima decisión del Supremo en torno al citado gravamen.

El Consejo General del Notariado desconoce si se está paralizando la firma de contratos hipotecarios, aunque es probable que algunas partes decidan esperar a la resolución del Supremo o que las que continúen adelante con el proceso modifiquen la cláusula relativa al impuesto para dejar abierto que el pago lo realizará quien la ley establezca.

En cualquier caso, desde que se firma una escritura hasta que se abone el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados hay un plazo de 30 días hábiles. Además, la legislación protege los derechos de los consumidores en el sentido de que, si una persona renuncia a un derecho, puede volver a reclamarlo.

Desde el Consejo del Notariado destacan el papel del notario es comprobar que el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente y que las partes están informadas sobre las últimas novedades y conocen sus derechos y sus obligaciones.

La banca prepara una subida de precios en las hipotecas si se confirma la decisión del Supremo

La gran banca ha decidido comenzar a revisar su política de precios en la comercialización de hipotecas como anticipo al posible escenario en el que es a las entidades financieras a las que les corresponde pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.

Fuente: Fotocasa