En el año 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en la carcasa legislativa una ley que permitía a extranjeros con alto poder adquisitivo comprar la nacionalidad española. Según la ley 14/2013 , de 27 de setiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aquellos que compraran una vivienda por un valor igual o superior a 500.000 euros podrían adquirir de forma automática el permiso de residencia. Una prerrogativa con la que Más País quiere acabar.

El partido liderado por Íñigo Errejón ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de ley para suprimir las denominadas Golden Visa ( pasaporte de oro) en caso de que las inversiones no estén vinculadas a proyectos beneficiosos para el común de la ciudadanía. En concreto, proponen modificar el articulo 63, que regula el visado para inversores. El vigente redactado recoge una sería de preceptos para facilitar la entrada y permanencia de personas no nacionales toda vez que repercuta en un interés económico. Sin embargo, Errejón considera que la compra de inmuebles por valor superior a medio millón de euros no tienen un impacto positivo más que para quien tiene el dinero para comprarse una visa a golpe de talonario.

La Proposición de ley de Más País, a la que ha tenido acceso ELPlural.com, lamenta además que tramitación de este tipo de solicitudes, marcada por el silencio y agilidad que revisten unas resoluciones siempre favorables, contrasta con las dificultades que atraviesan las peticiones de residencia no asociadas a la atracción de capital.

Las facilidades de las Golden Visa contrastan con las  dificultades que atraviesan las peticiones de residencia no asociadas a la atracción de capital

Errejón pone el foco en la necesidad de analizar los efectos que pueda tener, precisamente, esa atracción de capital. El articulado fue diseñado para paliar la crisis económica de la época aumentando las inversiones, la captación de talento y de recursos. Sin embargo, en varias ocasiones  el Parlamento Europeo ha manifestado su preocupación por la procedencia de estos capitales, ya que no se investiga su origen y pueden suponer una oportunidad para lavar dinero. La V Directiva Europea de prevención del blanqueo de capitales exige contar con un Registro de Titularidades Reales central, organismo que " España aún no tiene". En consecuencia, tal y como ha alertado Transparencia Internacional, existe un riesgo extremadamente alto de seguridad, delincuencia y blanqueo en este tipo d incentivo. 

" Otro efecto derivado de esta política de atracción de capitales se da en el propio mercado inmobiliario, y especialmente en zonas donde la vivienda ya tiene un precio de base elevado", refiere el documento de Más País. A su juicio, que exista un precio mínimo establecido como requisito para obtener el permiso de residencia supone un incentivo poderoso que fomenta que se paguen cantidades desorbitadas por inmueble que se sitúan por debajo de ese umbral, que la ley fija en 500.000 euros.

"La compra de estos inmuebles, por encima de su precio de mercado, provoca un efecto en cadena que arrastra al alza al conjunto del mercado, influyendo no solo en aquellas zonas urbanas donde se realizan las adquisiciones. ¿ El resultado? Una espiral inflacionista desbocada.

Esta problemática abundaría en un asunto ya sangrante como es el mercado inmobiliario, tensionado por el auge de los apartamentos turísticos, la subida de tipos de interés o las dificultades para acceder a una vivienda para las rentas medias y bajas.

Un encarecimiento de la vivienda impacta directamente en las capacidad adquisitiva de la ciudadanía y obstaculiza el acceso a una vivienda digna, un derecho fundamental recogido en el articulo 19 de la Constitución Española. Asimismo , si los inmuebles comprados por extranjeros no fueran para uso de vivienda habitual sino para actividades comerciales, se alteraría el entorno económico. En este sentido, el articulo 40 de la Carta Magna establece que los poderes públicos deben promover las condiciones, las Golden Visa suponen " todo lo contrario".

Por  todo ello, " es necesario sustituir el requisito de la compra de inmuebles por el de la ejecución de un proyecto empresarial considerado y acreditado como  de interés general. Se valorará , por tanto, " el cumplimiento  de una de las siguientes condiciones", reza el documento : creación de puestos de trabajo, realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que  se vaya a desarrollar la actividad, y/o aportación relevante a la innovación científica/ tecnológica.

La propuesta registrada por Más País aún se encuentra en fase de estudio por otros partidos como PSOE. No obstante, según fuentes parlamentarias de los socios habituales, " la melodía es buena" , pero no tienen todas consigo de que Moncloa esté por labor.

Fuente: www.elplural.com